El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras pidió al presidente de facto, Roberto Micheletti, que derogue el decreto que suspendió las garantías constitucionales porque afecta el proceso para las elecciones de noviembre próximo. La solicitud fue oficializada por los magistrados del TSE David Matamoros y Enrique Ortez Sequeira, en una reunión que mantuvieron con Micheletti en la Casa Presidencial, y se suma a demandas similares planteadas por el Parlamento, los candidatos presidenciales y otros sectores.
Matamoros explicó, en una rueda de prensa al término de la reunión, que pidieron a Micheletti "que el decreto sea eliminado, derogado, para que no haya ninguna duda, ningún cuestionamiento sobre la legitimidad" de los comicios del 29 de noviembre.
Ortez Sequeira indicó que se pidió al gobernante de facto que "recapacite" y elimine el decreto, e insistió, al igual que Matamoros, en que el TSE garantiza un proceso electoral "transparente".
Micheletti dijo, en la misma rueda de prensa con los dos magistrados, que accedió a analizar la solicitud y volvió a insistir en que el decreto será "derogado de la manera oportuna".
Sin embargo, apuntó que continuará consultas al respecto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del Estado con el fin de tomar una decisión "consensuada".
Matamoros explicó, en una rueda de prensa al término de la reunión, que pidieron a Micheletti "que el decreto sea eliminado, derogado, para que no haya ninguna duda, ningún cuestionamiento sobre la legitimidad" de los comicios del 29 de noviembre.
Ortez Sequeira indicó que se pidió al gobernante de facto que "recapacite" y elimine el decreto, e insistió, al igual que Matamoros, en que el TSE garantiza un proceso electoral "transparente".
Micheletti dijo, en la misma rueda de prensa con los dos magistrados, que accedió a analizar la solicitud y volvió a insistir en que el decreto será "derogado de la manera oportuna".
Sin embargo, apuntó que continuará consultas al respecto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del Estado con el fin de tomar una decisión "consensuada".
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