La República Dominicana es una nación que desde su origen como Estado ha rechazado cualquier forma de tráfico humano. El artículo 41 de la constitución así lo establece sin dar paso a ningún tipo de interpretación.
En el caso del tráfico y explotación de niños haitianos en territorio dominicano, el gobierno desde las primeras semanas del terremoto en Haití, decidió establecer una Comisión Especial, denominada Sub-Cluster de Protección de la Niñez Para la Respuesta de República Dominicana Frente al Terremoto Ocurrido en Haití.
Este Sub-Clúster de protección a la niñez está conformado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza CESFRONT y DIGFARCIN de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración (DGM), el Despacho de la Primera Dama (DPD), el Ministerio de la Mujer (MINMUJER), el Ministerio de Planificación Economía y Desarrollo (MIPYD), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MINSALUD), la Procuraduría General de la República (PGR), la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), CARITAS RD, la Asociación CESAL, el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), la Coalición de ONG’s por la Infancia, la Cruz Roja Dominicana (CRD), la Embajada de Haití en la República Dominicana, Fundación Procultura, Infancia sin Fronteras, el Instituto de la Familia (IDEFA), el Movimiento de Mujeres Dominicana (MUDHA), la Pastoral Haitiana, la Pastoral Matero Infantil, Plan International, Save the Children, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Vida Para Niños Dominicana, Viva Rio, Visión Mundial, el Voluntariado Haitiano en el país y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este grupo está siendo acompañado para fines de apoyo técnico y operacional puntual por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y otras agencias especializadas de las Naciones Unidas en respuestas de emergencia.
Esta Comisión creó un Protocolo que se sigue estrictamente para garantizar que no se produzcan acciones que violenten la integridad de los menores haitianos y que se garantice un trato digno. (Anexamos los protocolos y Formularios)
Este protocolo de protección está destinado a guiar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la República Dominicana, en su respuesta humanitaria para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes haitianos y sus familias, afectadas por el desastre natural del 12 de enero del 2010 y que se encuentran en el territorio de la República Dominicana.
Las autoridades de la República Dominicana, especialmente la Dirección de Migración y las Fuerzas Armadas se mantienen vigilantes y en coordinación con las autoridades de CONANI, para llevar a cabo el Protocolo para los menores haitianos, inclusive se han capacitado recientemente técnicos en ese campo, en el Instituto Nacional de Migración de México.
De igual manera el Ministerio de las Fuerzas Armadas en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), inició recientemente la Segunda Jornada de Capacitación sobre Derechos de la Niñez y Prevención de Tráfico, Trata y Explotación de niños, niñas y adolescentes, dirigida a oficiales de los cuerpos armados con asiento en la frontera.
Más de 100 oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas participan en la capacitación que tiene como objetivo brindarles orientaciones y habilidades.
Mientras que el Ejército Nacional, los Comandos Conjuntos, el CESFRONT y las agencias de inteligencia (DNI, J-2, G-2, M-2, A-2 y el DINTEL de la PN ), continúan los esfuerzos para recabar y procesar información que busque la detección de los traficantes de inmigrantes ilegales y los canales que utilizan para transportarse a zonas como Bávaro y Punta Cana, por lo que se prosiguen las acciones que incluyen las paradas de autobuses en todo el país, para evitar la congregación y movimiento de personas extranjeras procedentes de Haití, especialmente menores, sin la documentación correspondiente y sin los protocolos previstos.
El más reciente caso de detección de personas que se dedican al tráfico de personas se realizó el pasado 13 de enero 2011. En ese orden la Dirección de Inteligencia del Ejercito, G-2, detectó y los efectivos de esa Institución detuvieron, los vehículos marca Chevrolet tipo Van, color azul y blanco ambos sin placas, en el sector La Breña, de Monte Cristi. Estos vehículos transportaban la cantidad de 56 indocumentados (41 hombres, 12 mujeres y 3 niños). También detuvieron a Julio Cesar Peña Regalado y a Brito Santiago Fernando, reconocidos traficantes de personas en la zona.
Otro hecho ocurrió en la provincia Valverde donde se detuvo otro vehículo con 14 ilegales.
Todos los casos sobre trata de personas han sido sometidos a la Justicia, ninguno de estos casos ha quedado impune y todos los involucrados han recibido el castigo de las leyes vigentes y que se aplican en República Dominicana.
Este es sólo el más reciente ejemplo de una labor que se realiza a diario, como parte del interés del gobierno dominicano de castigar cualquier tipo de tráfico humano, donde la disposición que existe por parte del Ministerio Público, es solicitar las sanciones más severas.
Unidades de Fuerzas Regulares proceden a diario a la detección de aquellos extranjeros ilegales que sean señalados por los inspectores de la Dirección General de Migración como indocumentados y con perfiles sospechosos. En los autobuses donde sean encontrados grupos de ilegales de recién ingreso al país, se procede a la ocupación de la matrícula y la licencia del conductor y conducido junto a los ilegales detectados a las oficinas locales de la Dirección General Migración más cercana, para los fines de las leyes correspondientes.
El personal militar empeñado en estas operaciones ha sido instruido para que actúen apegado a las reglas universales de los Derechos Humanos y con el debido respeto a las victimas, de la repudiada práctica de la trata de personas.
Estas operaciones se enmarcan dentro de las actividades que están ejecutando las Fuerzas Armadas, derivadas de la Directiva No. 19-2010, con el propósito de disuadir y prevenir el trasiego de extranjeros ilegales y mercancías por la zona fronteriza con Haití,
En tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través, de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), lanzó en el mes de noviembre la primera campaña para la prevención del fenómeno de la trata, como parte de las acciones contempladas en el plan nacional orientado a combatir esa actividad delictiva.
La iniciativa de prevención forma parte de las acciones que aplica el Estado dominicano, para combatir la grave violación de derechos humanos que constituye el tráfico ilícito de migrantes y la trata interna e internacional de personas, principalmente de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Las tareas están identificadas en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2010-2014, elaborado por la CITIM con el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones.
El plan, que se sustenta en la ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el decreto 575-07 que creó la Comisión, constituye un instrumento esencial de política pública que, de manera consensuada con todos los sectores involucrados, define estrategias claras, metas concretas y asigna roles y responsabilidades institucionales.
La Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), está conformada por catorce instituciones oficiales y varias organizaciones gubernamentales que tienen misión de dotar al país de una política de Estado integral, con los enfoques de derechos humanos y de género que articule de manera consensuada las estrategias efectivas para la prevención de la trata internacional e interna y el tráfico ilícito de migrantes, la persecución y procesamiento de traficantes y tratantes, así como la protección de las personas víctimas de esos delitos.
En conclusión, el gobierno dominicano ha fortalecido todas las medidas, reglamentaciones vigentes y tendentes a impedir que se utilice el escenario de una tragedia como la que vivió el pueblo haitiano, para vulnerar los derechos de los más desprotegidos.
Declaración de la Presidencia de la República Dominicana
