PHOENIX(EU).- La Coalición Nacional de Clérigos y Lideres Cristianos Hispanos (CONLAMIC) presentó hoy la primera demanda en contra de la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona y enseguida un policía de origen hispano siguió el ejemplo.
Hasta ahora hay dos querellas presentadas, la de la CONLAMIC ante la corte federal de Phoenix, capital del estado, y la del agente de policía Martin H. Escobar, ante la corte federal de Tucson, pero además una coalición de organizaciones de derechos humanos anunció que interpondrá una demanda conjunta, probablemente este lunes.
“Estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación de la ley estatal SB1070, ya que consideramos que viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”, dijo el reverendo Miguel Rivera, presidente de CONLAMIC.
La coalición, organización con base en Washington D.C. representa a más de 30.000 iglesias de EE.UU., de las cuales un poco más de 300 se encuentran en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson y Yuma.
“Decidimos actuar inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe”, enfatizó Rivera, quien subrayó que el 38 por ciento de los feligreses de la coalición son precisamente inmigrantes indocumentados.
La ley, promulgada el pasado viernes por la gobernadora Jan Brewe, del Partido Republicano, y cuya entrada en vigor está prevista para dentro de tres meses, ha despertado críticas e inquietud en gobiernos de países latinoamericanos, organismos internacionales y organizaciones de inmigrantes y de defensa de los derechos humanos.
Incluso, el presidente de EE.UU., Barack Obama, ha dicho que está mal concebida.
“Esta es una ley estatal no sólo anti-inmigrante, sino también en contra de todos los latinos en Estados Unidos”, afirmó el reverendo.
Por su parte, el policía Martin H. Escobar alega en su demanda que la SB1070 viola numerosos derechos constitucionales y se convierte en un obstáculo para que la policía pueda hacer su trabajo, particularmente en barrios hispanos.
El Fondo Mexicano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de inmigración (NILC) anunciaron hoy que seguirán el ejemplo y presentarán también una demanda contra la ley.
“El día de hoy las tres organizaciones de mayor experiencia en la defensa de los derechos civiles en la nación nos hemos reunido para anunciar un esfuerzo para retar la legitimidad de la ley estatal SB1070″, dijo Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF.
En una conferencia de prensa en Phoenix, Saenz calificó la nueva regulación como “anticonstitucional” y “discriminatoria” y aseguró que viola los derechos civiles de los hispanos en Arizona sin importar su estatus migratorio.
El presidente de MALDEF dijo que aún no hay una fecha para presentar la querella, pero podría ser el próximo mes.”Esta ley estatal solamente incrementará de forma desenfrenada la práctica del perfil racial que ya existe en Arizona”, sostuvo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de ACLU en Arizona.
La coalición de grupos defensores de los derechos civiles y los inmigrantes advirtió que existen varios problemas constitucionales con la SB1070 porque viola la cláusula de interferencia con el poder del Gobierno federal para ejercer las leyes de inmigración.
La cantante mexico-estadounidense Linda Ronstadt también se unió al coro de voces que condena la legislación promulgada por la gobernadora Jan Brewer.
“Lo que la gobernadora Brewer firmó es una legislación que amenaza el corazón de este gran estado, debemos unirnos y evitar que la SB1070 ponga a vecino contra vecino y nos perjudique a todos”, dijo la artista.
La nueva regulación otorga las funciones de agentes de inmigración a los departamentos policíacos y penaliza a las personas que den trabajo a los jornaleros en las calles y transporte a un inmigrante indocumentado, entre otras disposiciones.
Hasta ahora hay dos querellas presentadas, la de la CONLAMIC ante la corte federal de Phoenix, capital del estado, y la del agente de policía Martin H. Escobar, ante la corte federal de Tucson, pero además una coalición de organizaciones de derechos humanos anunció que interpondrá una demanda conjunta, probablemente este lunes.
“Estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación de la ley estatal SB1070, ya que consideramos que viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”, dijo el reverendo Miguel Rivera, presidente de CONLAMIC.
La coalición, organización con base en Washington D.C. representa a más de 30.000 iglesias de EE.UU., de las cuales un poco más de 300 se encuentran en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson y Yuma.
“Decidimos actuar inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe”, enfatizó Rivera, quien subrayó que el 38 por ciento de los feligreses de la coalición son precisamente inmigrantes indocumentados.
La ley, promulgada el pasado viernes por la gobernadora Jan Brewe, del Partido Republicano, y cuya entrada en vigor está prevista para dentro de tres meses, ha despertado críticas e inquietud en gobiernos de países latinoamericanos, organismos internacionales y organizaciones de inmigrantes y de defensa de los derechos humanos.
Incluso, el presidente de EE.UU., Barack Obama, ha dicho que está mal concebida.
“Esta es una ley estatal no sólo anti-inmigrante, sino también en contra de todos los latinos en Estados Unidos”, afirmó el reverendo.
Por su parte, el policía Martin H. Escobar alega en su demanda que la SB1070 viola numerosos derechos constitucionales y se convierte en un obstáculo para que la policía pueda hacer su trabajo, particularmente en barrios hispanos.
El Fondo Mexicano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de inmigración (NILC) anunciaron hoy que seguirán el ejemplo y presentarán también una demanda contra la ley.
“El día de hoy las tres organizaciones de mayor experiencia en la defensa de los derechos civiles en la nación nos hemos reunido para anunciar un esfuerzo para retar la legitimidad de la ley estatal SB1070″, dijo Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF.
En una conferencia de prensa en Phoenix, Saenz calificó la nueva regulación como “anticonstitucional” y “discriminatoria” y aseguró que viola los derechos civiles de los hispanos en Arizona sin importar su estatus migratorio.
El presidente de MALDEF dijo que aún no hay una fecha para presentar la querella, pero podría ser el próximo mes.”Esta ley estatal solamente incrementará de forma desenfrenada la práctica del perfil racial que ya existe en Arizona”, sostuvo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de ACLU en Arizona.
La coalición de grupos defensores de los derechos civiles y los inmigrantes advirtió que existen varios problemas constitucionales con la SB1070 porque viola la cláusula de interferencia con el poder del Gobierno federal para ejercer las leyes de inmigración.
La cantante mexico-estadounidense Linda Ronstadt también se unió al coro de voces que condena la legislación promulgada por la gobernadora Jan Brewer.
“Lo que la gobernadora Brewer firmó es una legislación que amenaza el corazón de este gran estado, debemos unirnos y evitar que la SB1070 ponga a vecino contra vecino y nos perjudique a todos”, dijo la artista.
La nueva regulación otorga las funciones de agentes de inmigración a los departamentos policíacos y penaliza a las personas que den trabajo a los jornaleros en las calles y transporte a un inmigrante indocumentado, entre otras disposiciones.
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